Prevención en delitos de violencia de género e intrafamiliar

 

Figura 6: Violencia de género. Elaboración propia.

La violencia de género e intrafamiliar constituye una de las violaciones más graves y persistentes de los derechos humanos en todo el mundo. Esta forma de violencia afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, manifestándose tanto en el ámbito privado como en los espacios públicos e institucionales. En Costa Rica, como en muchos países de América Latina, la violencia intrafamiliar y basada en género no solo simboliza un problema de seguridad, sino también un desafío estructural profundamente arraigado en la cultura, el sistema judicial y las relaciones de poder. Prevenir este tipo de violencia es una tarea urgente que requiere acciones sostenidas, políticas públicas integrales y un cambio social profundo.

 

¿Qué es la violencia de género e intrafamiliar?

La violencia de género se refiere a toda acción u omisión basada en el género que causa daño físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, tanto en el ámbito público como privado. Por su parte, la violencia intrafamiliar se desarrolla dentro del núcleo familiar o convivencial y puede afectar a mujeres, niñas, niños, personas mayores o con discapacidad.

Las violencias de género y entre ellas, las violencias sexuales, son violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos que afectan la vida, la salud física, mental y social, la integridad, la libertad e igual dad de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y personas con orientaciones diferentes a la heterosexual, en particular a las de la comunidad LGBT. (Violencia de género e intrafamiliar, 2017, pág. 02).

Ambas formas de violencia suelen estar interrelacionadas y se mantienen en relaciones de poder desiguales, patrones culturales patriarcales, tolerancia social y fallas institucionales para proteger a las víctimas.

Tipos comunes de violencia de género e intrafamiliar incluyen:

• Golpes, amenazas y agresiones físicas.
• Violencia psicológica y emocional.
• Violación y agresión sexual.
• Control económico y patrimonial.
• Violencia simbólica (estereotipos, lenguaje sexista, invisibilización).
• Violencia digital y acoso tecnológico.

Magnitud del problema en Costa Rica

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Costa Rica registra altas tasas de violencia doméstica y feminicidios, especialmente en mujeres jóvenes y de zonas rurales.

Algunos datos relevantes:

• El 40% de las mujeres costarricenses ha vivido al menos una forma de violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida.
• Cada año se reportan más de 50.000 denuncias por violencia intrafamiliar.
• El país ha mantenido un promedio de 10 feminicidios por año durante la última década.

Estos datos manifiestan que la violencia no es un fenómeno aislado ni puntual, sino una problemática estructural que requiere respuestas preventivas coordinadas y efectivas.

Para más información pueden analizar las siguientes estadísticas: https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/index.php/soy-especialista-y-busco/estadisticas/femicidio

Factores que contribuyen a la violencia de género e intrafamiliar

• Desigualdad de género y normalización de roles tradicionales.
• Dependencia económica de las víctimas.
• Ciclos intergeneracionales de violencia.
• Falta de educación sexual y afectiva.
• Débil acceso a justicia y servicios de protección.
• Consumo de alcohol y drogas en contextos de convivencia violenta.

Comprender estos factores permite diseñar estrategias de prevención más eficaces y sostenibles.

Enfoques preventivos desde las políticas públicas

La prevención de la violencia de género e intrafamiliar no puede limitarse a la sanción del agresor. Requiere una prevención integral, basada en educación, empoderamiento, atención institucional y transformación cultural. En este sentido, existen varios niveles de intervención:

A. Prevención primaria (universal)

Busca modificar las condiciones sociales, culturales y educativas que generan o reproducen la violencia.

Acciones clave:

• Educación con enfoque de género desde la niñez.
• Campañas de sensibilización masiva sobre masculinidades positivas, respeto y derechos humanos.
• Promoción de relaciones afectivas basadas en el consentimiento, la equidad y la comunicación.
• Reformulación de los estereotipos en medios de comunicación.

En Costa Rica, campañas como “Vivamos la Equidad” o “Rompamos el Silencio” han tenido impacto positivo en la visibilización del problema.

Noticia de la campaña (vivamos la equidad): https://delfino.cr/2025/03/costa-rica-toca-la-campana-por-la-igualdad-de-genero-como-llamado-a-transformar-estructuras-que-garanticen-el-acceso-equitativo

B. Prevención secundaria (grupos en riesgo)

Dirigida a personas o grupos que están expuestos a situaciones de violencia o presentan señales de riesgo.

Acciones necesarias:

• Identificación temprana de víctimas en instituciones educativas, de salud o justicia.
• Grupos de apoyo y redes comunitarias para mujeres en situación de riesgo.
• Programas de atención a hombres agresores con enfoque reeducativo.
• Atención especializada en zonas rurales o fronterizas.
• El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) coordina diversos programas preventivos con énfasis territorial.

C. Prevención terciaria (casos ya ocurridos)

Busca evitar la repetición de la violencia, acompañar a las víctimas y garantizar procesos de reparación integral.

Estrategias efectivas:

• Casas de acogida para mujeres en riesgo.
• Asistencia legal gratuita y psicológica especializada.
• Programas de empoderamiento económico para mujeres sobrevivientes.
• Medidas cautelares eficaces como la orden de alejamiento y monitoreo electrónico.

Costa Rica ha sido pionera en la creación del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (SNAP-VIF), que articula esfuerzos entre diversas instituciones del Estado.

Experiencias comunitarias exitosas

Más allá de las políticas nacionales, numerosas iniciativas locales han mostrado resultados positivos:

• Redes de mujeres rurales: en Guanacaste, Limón y Zona Sur, que ofrecen apoyo mutuo, información legal y espacios de empoderamiento.
• Proyectos educativos con enfoque de género: en colegios públicos, liderados por docentes comprometidos.
• Espacios seguros en barrios urbanos marginales: organizados por ONG como CEFEMINA o Colectiva por el Derecho a Decidir.
• Capacitación a líderes comunales y funcionarios públicos: para una respuesta temprana ante situaciones de violencia.

Estas experiencias muestran que la prevención también nace desde lo comunitario y la acción colectiva.

Retos pendientes

A pesar de los avances en la legislación y los programas institucionales, persisten múltiples desafíos:

• Persistencia del machismo en instituciones educativas, judiciales y de seguridad.
• Subregistro de casos por miedo, estigmatización o revictimización.
• Débil cobertura de servicios especializados en zonas rurales.
• Desfinanciamiento de políticas públicas preventivas.
• Falta de formación continua en género para operadores del sistema.
• Batallar estos obstáculos requiere compromiso político, presupuesto público sostenido y participación de la sociedad civil.

Recomendaciones estratégicas

• Garantizar la educación integral en sexualidad y afectividad en todos los niveles escolares.
• Formar a los funcionarios públicos en enfoque de género, derechos humanos y atención a víctimas.
• Fortalecer los programas de empoderamiento económico y autonomía de las mujeres.
• Ampliar la cobertura de casas de acogida y servicios de atención psicológica especializada.
• Promover nuevas masculinidades desde la infancia y adolescencia.

La violencia de género e intrafamiliar no es un asunto privado ni culturalmente aceptable. Es una grave violación a los derechos humanos que conmueve la vida, la salud, el bienestar y las oportunidades de millones de personas, especialmente mujeres y niñas. Su prevención es una responsabilidad colectiva, que exige acción desde el Estado, la comunidad, la familia y cada individuo.

Costa Rica ha dado pasos importantes en el reconocimiento y atención de esta problemática, pero aún enfrenta desafíos estructurales que requieren soluciones profundas y sostenidas. Solo mediante la prevención integral, basada en la equidad, el respeto y la justicia, será posible construir una sociedad libre de violencia.